El nuevo iPhone 17 supera los $12 millones. ¿Puede su empresa deducirlo de impuestos o lo considerará la DIAN un lujo? Antes de realizar la inversión, conozca la estrategia fiscal correcta. Le explicamos cómo el IVA puede ser un descuento directo y por qué la DIAN exige depreciarlo en 5 años, a pesar de la obsolescencia. Convierta un lujo en una inversión inteligente.
La cartera vencida de la DIAN alcanzó en junio de 2025 los $59,2 billones, más del doble de lo que el Gobierno espera recaudar con la reforma tributaria ($26,3 billones).
Este dato revela el verdadero “elefante en la sala”: no se necesitan más impuestos, se necesita mejor recaudo.
La estrategia de embargos masivos, intensificada este año, está empujando a muchas empresas y personas a la quiebra: más de 10.600 colombianos se han declarado en insolvencia en 2025, la cifra más alta de la última década.
Un Estado que apuesta solo a la coerción convierte deudas recuperables en incobrables. La verdadera salida es un sistema tributario que promueva facilidades de pago, confianza y gestión inteligente de la cartera.
La pregunta esencial no es cuántos impuestos más podemos pagar, sino cómo hacer que el Estado recaude de manera eficiente lo que ya se debe.
Reforma Tributaria 2025: Descubre las claves del Proyecto de Ley de Financiamiento en Colombia, que busca aumentar el recaudo a través de polémicos cambios en el IVA, la tributación a dividendos de no residentes (del 20% al 30%) y la fiscalidad de las iglesias con actividades comerciales. Nuestro informe exclusivo detalla las derogaciones de normas clave, el endurecimiento de la fiscalización de la DIAN y el impacto real en un Congreso fragmentado y bajo presión por escándalos de corrupción y baja ejecución presupuestal. Prepárate para los cambios que definirán el futuro fiscal del país. Lee el análisis completo y anticipa los movimientos que marcarán la diferencia en el panorama tributario.
Recibir una herencia es el fruto de años de esfuerzo de un ser querido, pensado para darte seguridad. Pero en Colombia, sin una planificación sucesoral adecuada, esa noble intención puede convertirse en una pesadilla fiscal. Lo que debió ser protección se transforma en una carga tributaria aplastante, llevando a la venta forzada de los bienes familiares.
Analizamos el caso de un patrimonio familiar de $6.700 millones. Por una falta de planificación, la familia se vio enfrentada a una cascada de obligaciones:
Primero, un impuesto de ganancia ocasional por $381 millones, para el cual no tenían un solo peso en efectivo, ya que la herencia fue solo en inmuebles.
Esto los forzó a vender una de las propiedades, lo que activó un segundo y devastador impuesto de renta por $312 millones.
El veredicto final fue una carga fiscal total de más de $693 millones. El costo de no planificar fue la pérdida de una parte significativa del legado y la obligación de vender un activo estratégico, todo por una trampa de liquidez que se pudo evitar.
En Colombia, la compra de un vehículo eléctrico para uso personal otorga valiosos beneficios fiscales, aunque existe confusión sobre su alcance. Es crucial diferenciar dos marcos legales:
Beneficios Directos para el Comprador: Al adquirir un vehículo eléctrico o híbrido, usted tiene derecho automático a un paquete de incentivos que reducen significativamente el costo. Estos incluyen:
IVA reducido al 5% (en lugar del 19% general).
Exclusión total del Impuesto Nacional al Consumo.
Tope del 1% en el impuesto vehicular anual.
Descuento del 10% en el SOAT.
Exención de Pico y Placa en la mayoría de las ciudades.
El Mito de la Ley 1715: Los incentivos más publicitados, como la deducción de hasta el 50% en el impuesto de renta, la exclusión total de IVA y aranceles, y la depreciación acelerada, no aplican a la compra para uso personal. Estos beneficios están reservados exclusivamente para “proyectos de inversión” en energía, que deben ser certificados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), un proceso complejo e inviable para un comprador particular.
Aunque el Plan PROURE (Resolución 40156 de 2022) reconoce la compra de vehículos eléctricos como una acción de eficiencia energética, no elimina el requisito de certificar la compra como un “proyecto” para acceder a los beneficios de la Ley 1715.
En conclusión: El comprador particular goza de un robusto paquete de beneficios directos y de fácil acceso. La clave es enfocarse en reclamar estos derechos tangibles en lugar de aspirar a los incentivos diseñados para inversionistas del sector energético.
Muchos cometen errores fiscales costosos durante el divorcio, como pagar impuestos por los gananciales cuando la ley los excluye de la ganancia ocasional, o no planificar adecuadamente la cuota alimentaria y la deducción por dependientes. También es común descuidar el costo fiscal de los bienes adjudicados o no actualizar beneficiarios y cuentas bancarias tras la liquidación de la sociedad conyugal, lo que puede generar sanciones y cargas tributarias innecesarias. Una correcta asesoría y planificación fiscal es clave para evitar que el divorcio termine afectando su patrimonio y tranquilidad financiera.
El Proyecto de Ley de Reactivación Económica 2025 propone la mayor agenda de alivios tributarios, exenciones y beneficios fiscales en la historia reciente de Colombia. Entre sus medidas destacan la reducción temporal de sanciones e intereses para quienes tienen deudas con la DIAN o la UGPP, la posibilidad de legalizar capitales líquidos no declarados con tarifas especiales, incentivos a sectores como turismo, energía y transporte, y una rebaja en la tarifa de renta corporativa. Además, introduce nuevas reglas para la simplificación de trámites, apoya la innovación y la infraestructura, e impulsa la formalización y la acción climática.
Aunque es solo un proyecto y su aprobación depende de un ambiente político complejo, representa una ventana de oportunidad sin precedentes para empresas, personas naturales y regiones que buscan ponerse al día, mejorar su liquidez y aprovechar los estímulos para crecer en un entorno económico retador.
La reciente sentencia del Consejo de Estado anuló la exigencia de la DIAN de enviar los acuses de recibo de la factura y del bien o servicio antes de solicitar el IVA descontable o la deducción en renta. Según la Corte, ‘la DIAN excedió su facultad de interpretación y violó el principio de legalidad al imponer un requisito que el artículo 616-1 del ET no contempla’. Ahora, el acuse de recibo es un soporte obligatorio, pero no una barrera temporal. Esta decisión brinda seguridad jurídica y protege los derechos de los contribuyentes.
La Corte Constitucional ha suspendido temporalmente la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional. Esta decisión, motivada por vicios en el trámite legislativo, obliga al Congreso a repetir parte del debate y la votación antes de que la norma pueda entrar en vigor. Mientras tanto, el sistema pensional continúa rigiéndose por el marco anterior, y solo algunas disposiciones transitorias mantienen efectos jurídicos. Este análisis explora las implicaciones constitucionales, fiscales y estratégicas de la decisión, y ofrece recomendaciones clave para afiliados, empleadores y operadores del sistema.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 presentado por el gobierno plantea una hoja de ruta ambiciosa pero frágil, que descansa sobre supuestos de crecimiento económico optimistas y sin una estrategia institucional clara para corregir los desequilibrios estructurales del país. A pesar de reconocer la rigidez del gasto público y la insuficiencia del recaudo, el documento insiste en activar nuevamente la cláusula de escape de la regla fiscal, evadiendo reformas profundas al gasto y concentrando todo el ajuste en una nueva reforma tributaria.
Esta última —anunciada en dos fases para 2025 y 2026— carece de cronograma, detalles técnicos y mecanismos de control, y omite por completo una reforma a la administración tributaria. Se proyecta recaudar más sin combatir con fuerza la evasión, sin corregir la regresividad del sistema actual y sin construir consensos sociales y políticos duraderos.
Desde LAV Tributaria, advertimos que este camino conserva el riesgo de ser más de lo mismo: reformas sucesivas, sin impacto estructural, que terminan afectando la legitimidad del sistema tributario y profundizando la desconfianza ciudadana. Colombia necesita algo más que una reforma: requiere un nuevo pacto fiscal justo, sostenible y legítimo.
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