El pasado viernes 13 de junio, el Gobierno Nacional presentó oficialmente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025, documento que define la hoja de ruta para la política fiscal de los próximos años. Si bien su tono técnico busca dar tranquilidad a inversionistas y organismos multilaterales, su contenido evidencia una desconexión preocupante con la realidad económica, institucional y política del país.

Desde LAV Tributaria, hemos elaborado este análisis crítico para nuestros clientes y lectores, con el fin de contribuir a un debate informado sobre el rumbo fiscal de Colombia.

1. Un optimismo macroeconómico frágil.

Las proyecciones oficiales anticipan un crecimiento del PIB superior al 3,5% desde 2025, una visión que contrasta con la débil recuperación económica posterior a la desaceleración de 2023, cuando el país apenas creció un 1%. Este escenario parte de supuestos que el propio documento no respalda con evidencia robusta, lo cual compromete la credibilidad de sus metas fiscales.

Además, la deuda pública ya supera el 59,3% del PIB, lo que sobrepasa los umbrales prudenciales de la regla fiscal, mientras que el déficit estructural continúa creciendo. El riesgo país se mantiene alto, y el margen de maniobra del Estado para implementar políticas contracíclicas es cada vez más limitado.

2. Gasto público inflexible y sin voluntad de reforma

El MFMP reconoce que más del 86% del gasto primario es inflexible. Aun así, no se propone ninguna medida estructural para mejorar la eficiencia del gasto. No hay señales de reforma pensional, reducción de subsidios ineficientes, ni lucha efectiva contra el clientelismo. La narrativa gubernamental evita cualquier ajuste en el gasto, confiando ciegamente en que los ingresos aumentarán por sí solos o con una nueva reforma tributaria.

Este enfoque incrementa la presión fiscal sin resolver los verdaderos cuellos de botella del sistema presupuestal colombiano.

3. El capítulo de la reforma tributaria: promesas, ambigüedades y riesgos

El MFMP 2025 reconoce la necesidad de nuevos ingresos y propone una estrategia en dos fases:

• Fase 1 (2025): Ley de Financiamiento, cuyo objetivo sería recaudar el 1% del PIB (alrededor de $15-17 billones), principalmente mediante la eliminación de exenciones tributarias y ampliación de la base de contribuyentes.
• Fase 2 (2026): Reforma estructural, que introduciría progresividad en la tributación de personas naturales, fortalecería el impuesto al patrimonio, y revisaría tratamientos preferenciales como zonas francas, economía naranja y el régimen simple.

Pero ¿qué nos dicen los hechos?

1. No hay cronograma definido ni articulación institucional clara. Aunque se mencionan objetivos ambiciosos, no existen fechas, responsables ni instrumentos definidos para garantizar su cumplimiento.
2. No hay propuestas para reformar la administración tributaria. La DIAN no ha sido fortalecida estructuralmente ni en talento humano, ni en transformación digital, ni en herramientas de fiscalización. Sin un aparato eficiente, cualquier reforma será limitada.
3. No se plantean medidas contra la evasión estructural, que según la OCDE podría representar más del 4% del PIB colombiano. Ignorar este frente equivale a seguir perdiendo recursos sin necesidad de subir impuestos.
4. El discurso sobre justicia tributaria se queda corto. Aunque se menciona la necesidad de progresividad, no hay una hoja de ruta clara sobre cómo aumentar la carga a personas de altos ingresos ni cómo redistribuir el esfuerzo tributario de manera equitativa.
5. El riesgo de una reforma “gatopardista” (cambiar algo para que nada cambie) es altísimo. Ya lo hemos visto antes: reformas con énfasis en recaudo inmediato y poco esfuerzo en equidad, simplificación y modernización.

¿Y el entorno político?

Con un Congreso fragmentado y una gobernabilidad en entredicho, pensar que se lograrán dos reformas consecutivas (2025 y 2026) sin consensos reales es ingenuo. El MFMP no incluye estrategias para construir acuerdos multipartidistas, ni plantea mecanismos de diálogo con el sector productivo o la academia.

La sensación general es que el gobierno sabe que necesita más ingresos, pero no tiene ni la legitimidad ni la estrategia para obtenerlos de forma estructural.

4. La cláusula de escape: el comodín fiscal permanente

El Gobierno activa la cláusula de escape de la regla fiscal, justificando que es necesaria para proteger el gasto social. Sin embargo, esta herramienta pensada para eventos excepcionales se ha convertido en un recurso habitual, lo que erosiona la credibilidad de la regla fiscal como ancla de responsabilidad macroeconómica.

5. Riesgos mal gestionados y proyecciones poco realistas

Aunque el MFMP reconoce múltiples riesgos, caída del crecimiento, presiones externas, aumento del costo de la deuda, litigios judiciales, entre otros, no presenta una estrategia robusta de mitigación. Los escenarios adversos no se modelan con seriedad, y no se incluye un análisis de sensibilidad que permita evaluar el impacto de choques externos o locales.

6. ¿Y la legitimidad del proceso fiscal?

Una reforma fiscal no se puede imponer desde el escritorio técnico. Se requiere legitimidad, participación y pedagogía. Sin transparencia, diálogo y enfoque redistributivo, toda estrategia de ajuste corre el riesgo de naufragar políticamente.

Hoy, más que una nueva reforma, Colombia necesita una nueva conversación sobre su contrato fiscal: quién paga, cuánto paga, cómo se gasta y quién controla ese gasto.

7. Conclusión: ¿Oportunidad perdida o advertencia oportuna?

El MFMP 2025 representa una nueva oportunidad para ordenar las finanzas públicas. Pero el documento, tal como está, es insuficiente, ambiguo y políticamente vulnerable.

Desde LAV Tributaria proponemos una visión alternativa:

• Antes de aumentar impuestos, reformar el gasto.
• Antes de pedir más a los contribuyentes, combatir la evasión.
• Antes de proyectar crecimiento, recuperar la confianza.
• Antes de usar cláusulas de escape, demostrar responsabilidad.

La sostenibilidad fiscal no se construye con proyecciones optimistas ni reformas superficiales. Se construye con instituciones sólidas, reglas claras y un compromiso auténtico con la equidad.